Acceso a terminales en Manzanillo abre debate sobre operación y legalidad

Las terminales del Puerto de Manzanillo están por introducir un costo indirecto de acceso a sus patios, que en la práctica condicionaría el ingreso al recinto portuario para todos los usuarios de la cadena logística, incluyendo aduanas y transporte.

La medida es impulsada por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM), que preside José Antonio Contreras, quien estableció en febrero como requisito de seguridad portuaria la acreditación de un curso obligatorio para ingresar a las distintas terminales.

El curso, presentado como medida preventiva bajo el Código PBIP (Código para la Seguridad de los Buques y de las Instalaciones Portuarias), contempla 15 horas de formación, un costo de 700 pesos por persona y vigencia anual. Considerando un universo estimado de 36,750 usuarios —entre transportistas, personal de agentes aduanales, de carga y consignatarios— el flujo proyectado supera los 25.7 millones de pesos anuales.

La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona), dirigida por el vicealmirante José Ignacio Moreno, reiteró el 20 de marzo que la regulación del acceso al recinto es atribución exclusiva de la autoridad portuaria. El 19 de febrero ya había advertido que no existe disposición oficial que obligue a tomar un curso de seguridad para ingresar al puerto, debilitando el sustento jurídico de la medida impulsada por ASTOM.

Pese a este posicionamiento, ASTOM mantiene su plan de condicionar el acceso a terminales al cumplimiento de la capacitación. La iniciativa ha generado rechazo generalizado entre los principales usuarios del puerto, incluyendo la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM) y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), quienes cuestionan la imposición, el cobro y la ausencia de respaldo legal.

Ante la presión del sector, ASTOM difirió la entrada en vigor del requisito del 1 de marzo al 1 de abril, pero la tensión aumentó cuando el organismo decidió cerrar el diálogo con la Comunidad Portuaria de Manzanillo (COPOMA), que agrupa a usuarios y autoridades; debilitando los intentos de negociación colectiva.

El desacuerdo también se manifiesta al interior de ASTOM. Algunas terminales han notificado a clientes que no adoptarán la medida, mientras que la terminal de contenedores CONTECON y la de carga general Hazesa, de Raúl Sandoval, se mantienen como principales partidarios del cobro.

En un intento por contener la crítica, ASTOM anunció el 17 de marzo que el curso no tendría costo durante tres meses en su plataforma digital (hasta el 17 de junio). No obstante, la obligatoriedad de acreditarlo se mantiene para el 1 de abril, por lo que el cobro solo se difiere. Además, se introdujeron diferencias en la acreditación: quienes paguen recibirán formato DC-3 con reconocimiento de la STPS, mientras que quienes accedan sin costo obtendrán constancia interna válida solo en terminales afiliadas.

Las organizaciones afirman que la medida no tiene sustento jurídico ni aprobación de Asipona, por lo que exhortan a no adoptarla. Alertan además que podría sentar un precedente indebido dentro del sistema portuario nacional, institucionalizando cobros sin base legal, por lo que consideran indispensable la intervención de la Subsecretaría de Puertos de SEMAR para garantizar certidumbre operativa y jurídica.

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