En casi tres días de bloqueos en las carreteras y autopistas México-Puebla, Arco Norte y Tlaxco-Tejocotal a la altura de Chignahuapan, Puebla, provocaron un impacto a los transportistas de 10 mil millones de pesos, cantidad que sigue creciendo conforme no hay soluciones.
Ejidatarios piden que el gobierno federal les pague adeudos rezagados y estos han decidido tomar las vías federales de comunicación, no obstante, a que esto es un delito federal, las autoridades han dejado que las interrupciones continúen.
“Pedimos a los representantes de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Gobernación que nos liberen estos puntos de cruce que son esenciales, porque estrangulan la circulación hacia y desde el centro al sureste del país.
“Hay un impacto a la cadena de suministro y hasta este momento no sabemos a qué hora se podrá circular libremente, expuso el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez, quién pide solución de fondo a la problemática.
En conferencia de prensa, se explicó que este monto solo considera los ingresos que las empresas han dejado de facturar, los costos fijos, pólizas de seguro, combustible, pagos a conductores y personal.
Esto no incluye el costo que se genera por retrasos e interrupciones a la cadena de suministro.
Cabe destacar que el autotransporte federal es el más importante en el país al considerar que 57 por ciento de las mercancías se movilizan en camiones o tractocamiones, de acuerdo con la SICT.
El gobierno acordó con los ejidatarios hacer aperturas intermitentes de dos horas, pero la Canacar señala que no es lo que esperaban.
El asunto es que no las autoridades han dado opciones de vías alternas, pero los transportistas no ven esto como un remedio de fondo a la vulneración del Estado de Derecho y al bloqueo de vías federales.
Además de todo, la Canacar calculó que son 10 mil toneladas de alimentos perecederos que se ven afectados por este problema.
Cabe señalar que los impactos que las empresas reportan en su operación terminan siendo transferidos a los clientes finales, lo que se ve reflejado como incremento de precios.
Además, la percepción de vulnerabilidad de Estado de Derecho afecta a la competitividad del país y el atractivo de inversión nacional e internacional.
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