Este domingo 17 de abril fue histórico en la vida política de México, cuando luego de un aplazamiento, la Cámara de Diputados definió el rumbo de la Reforma Eléctrica, iniciativa impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El dictamen que reforma la Constitución Política en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, tuvo 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 votos en contra, con lo cual la Reforma Eléctrica no alcanzó la mayoría calificada y por tanto se desechó el proyecto de decreto.
La reforma buscaba modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar una serie de artículos transitorios, con el objetivo de derogar la reforma energética de 2013.
El Gobierno de la 4T propuso la iniciativa de reforma eléctrica, a fin de priorizar a las plantas estatales de generación eléctrica para ser autosuficientes y, a la vez, recortar las ventas de energía de proyectos privados que provienen del extranjero, es decir, las energías limpias se verían limitadas al intentar despachar luz eléctrica al país.
Sin embargo, la iniciativa fue criticada por asociaciones ambientalistas, empresas y Gobiernos extranjeros, por su propuesta de limitar la participación privada en el sector energético y dar más poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El sector empresarial del país también había reiterado su posición a los diputados de no aprobar la iniciativa del Ejecutivo, por generar incertidumbre a las inversiones y a los proyectos de negocios de mediano y largo plazo, causando alza de precios para los consumidores.
“La energía eléctrica ha sido la base de la evolución a la industria 4.0, la automatización, la digitalización y el uso del big data. Aprobar la reforma eléctrica tóxica causaría insuficiencia eléctrica para la industria”, subrayó José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Visión internacional
En contexto, el gobierno de Estados Unidos había advertido que la reforma eléctrica ponía en riesgo 10 mil millones de dólares de inversiones estadounidenses en el país, la mayoría en instalaciones de energía renovable.
Así lo dio a conocer Katherine Tai, representante comercial de los EE.UU., en una misiva dirigida a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; ya que los proyectos energéticos en México enfrentan el mayor riesgo, fundamentalmente frente a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), sobre cuya constitucionalidad resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).
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