Los sectores del transporte y el comercio son los más investigados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), apunta un estudio del Banco Mundial denominado Informe Económico América Latina (LACER, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con este archivo, en los sectores donde la Cofece ha pasado la lupa por posibles prácticas abusivas de mercado o donde sí se concretaron hallazgos de colusión o daño, los sectores han mejorado.
En el sector transporte, la autoridad ha realizado o está realizando investigaciones sobre posibles prácticas anticompetitivas en autotransporte, transporte ferroviario, transporte aéreo, administraciones portuarias y transporte marítimo.
Las sanciones monetarias en los casos antimonopolio se tradujeron en un aumento de las ventas de entre 3.8 por ciento y 5.8 por ciento en los sectores afectados, afirma el documento.
Esta investigación de la Cofece muestra que la identificación y penalización de prácticas anticompetitivas fue efectiva a la hora de revertir la caída de las ventas en sectores anteriormente monopolizados.
Los beneficios alcanzaron a los consumidores y los trabajadores, pues los primeros se beneficiaron de un aumento en las ventas, producto de precios más bajos o de mayores cantidades, o de precios más altos acompañados de mejoras en la calidad.
En tanto, los trabajadores experimentaron aumentos en los salarios promedio y en el empleo. La masa salarial aumentó entre 4.8 por ciento y 5.5 por ciento por año luego de las sanciones, mientras que los salarios promedio también aumentaron entre 1.3 por ciento y 2.8 por ciento por año.
El informe destaca una característica única de la ley de competencia mexicana sobre el resto en América Latina, que es el uso de multas y órdenes de supervisión (como órdenes de cese inmediato, medidas cautelares y directivas de cumplimiento) para detener cualquier comportamiento ilegal de las partes involucradas.
Asimismo, explica que el impacto de las sanciones antimonopolio impuestas por la autoridad de competencia mexicana entre 1993 y 2018 fue analizado con base en 90 casos del universo de 261 investigaciones sobre presuntas prácticas de abuso de poder de mercado.
Durante este período, alrededor de 40 por ciento de la actividad económica en México fue investigada por presuntas prácticas anticompetitivas.
La manufactura fue la segunda actividad más investigada, seguida la de la construcción, la minería; luego los servicios sociales; a continuación los servicios públicos; posteriormente el esparcimiento, y finalmente los servicios sociales y la agricultura, de acuerdo con el documento del Banco Mundial.
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